A LA MINISTRA DE EMPLEO
I. El Consejo Confederal de Comisiones Obreras y la Comisión
Ejecutiva de la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores, en
sus respectivas sesiones del día 19 de octubre de 2012, han decidido
convocar HUELGA GENERAL que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores
y por los empleados públicos de las
empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español. Se incluyen las actividades
laborales y funcionariales desempeñadas por el personal contratado y el
personal funcionario en el Servicio Exterior Español; es decir, afecta a todas
las Dependencias y Centros de trabajo independientemente del Ministerio, Organismo o Entidad Pública al que pertenezca el
empleado público y del destino que tenga en la Administración Exterior del
Estado.
II. En virtud de ello, LA CONFEDERACIÓN SINDICAL
DE COMISIONES OBRERAS en su condición de Sindicato más representativo a nivel
estatal, procede mediante el presente escrito, en tiempo y forma, y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, a COMUNICAR
la decisión adoptada, advirtiendo que la huelga convocada afectará también
a las empresas y organismos encargados
de prestar servicios públicos.
III. La huelga convocada tendrá lugar durante la jornada del día catorce de noviembre de 2012, comenzando a las 0
horas y terminando a las 24 horas del citado día catorce.
No
obstante, en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo
de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 0
horas del día 14, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último
turno, aunque se prolongue después de las 24.00 horas del día 14. Así mismo, en
aquellas empresas que tengan un único
turno de trabajo, pero éste
empiece antes de las 0 horas del día 14, el paro se iniciará a la hora
de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 14 de noviembre en la
hora en que concluya la misma.
IV. Durante la jornada del día 13
cesarán en su actividad laboral y funcionarial los trabajadores y funcionarios
cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos,
servicios y aprovisionamientos que
habrán de tener efectos inmediatos el día 14.
En este supuesto, la huelga se
desarrollará en los términos de las convocatorias que al efecto se realicen.
V.
SON OBJETIVOS DE LA HUELGA GENERAL:
1.- El
rechazo a la reforma del mercado laboral que ha conllevado un retroceso sin
precedentes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en su
vertiente individual como colectiva.
1.1. La reforma laboral
iniciada con el Real Decreto-ley 3/12, de medidas urgentes de reforma del
mercado laboral, y consolidada con la Ley 3/12, de 6 de julio, de igual
nombre, ha provocado una ruptura de los
pilares básicos del derecho de trabajo, introduciendo en nuestro derecho
laboral el despido libre y gratuito a través del nuevo contrato de apoyo a los
emprendedores; otorgando al empresario
un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores; dando
carta libre al empresario para la extinción de los contratos de trabajo, por la
triple vía de facilitar las causas objetivas, tanto en el despido individual
como en el colectivo; eliminar la autorización administrativa y abaratar
sustancialmente la indemnización por despido disciplinario, con clara
afectación al despido objetivo y al colectivo; y finalmente erosionando el
poder contractual colectivo de los trabajadores al romper el sistema de
negociación colectiva.
Esta reforma, que se ha justificado por el Gobierno como necesaria para la
creación de empleo, ha producido el efecto contrario, una mayor, más rápida y
más barata destrucción de empleo, con menores derechos y garantías para los
trabajadores e incremento desmesurado de las tasas de desempleo que a finales
del tercer trimestre del 2012, tras ocho meses de vigencia de la reforma,
alcanza un porcentaje del 25,02 sobre la
población activa, lo que supone que 5.778.100 trabajadores se encuentran en
situación de desempleo. Entre julio y septiembre de 2012 el desempleo se ha
incrementado en 85.000 personas. Una de cada cuatro personas que quiere
trabajar y busca empleo, no puede hacerlo. Además,
la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la
actualidad sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace
dos años. El número de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades
laborales o comunicados a las mismas tras la reforma laboral de febrero de 2012, ha aumentado
un 53,3% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo
de 2011. En concreto, un total de 299.021 trabajadores se han visto afectados
por un ERE hasta agosto, en contraste con los 195.032 trabajadores que
estuvieron implicados en una regulación de empleo durante los ocho primeros
meses de 2011, según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas
Laborales del Ministerio de Empleo.
Especial afectación tiene y va a tener en la destrucción de empleo del
sector público, la prohibición incorporada en el Estatuto de los trabajadores
por la Ley 3/12 de que las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
las entidades de derecho publico, con la sola excepción de las que se financien
con ingresos obtenidos por operaciones realizadas en el mercado, puedan acudir
a la suspensión temporal de contratos o reducción de jornada como medida de flexibilidad
interna para evitar los despidos colectivos.
Mayor destrucción de empleo que se verá igualmente incrementada ante la
medida del Gobierno de no prorrogar, en los supuestos de despidos objetivos, la
reposición de la prestación de desempleo
consumida en las suspensiones o
reducciones de jornada que se produzcan a partir del 1 de enero de 2013, medida
que incentivaba ajustes internos sobre las extinciones de contratos.
1.2. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos
laborales de los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por
cuenta ajena como de los
funcionarios.
La
reforma suprime
la paga extraordinaria de Navidad en 2012; reduce las prestaciones durante las
situaciones de incapacidad laboral transitoria y en más del 50% los días de libre disposición y
permisos; rompe el régimen de eficacia de los convenios colectivos del personal
laboral otorgando un poder unilateral al empleador publico y modifica también
el régimen de los órganos de representación de los empleados en el sector
público.
Estas medidas, sumadas a
las que ya vienen afectando a los trabajadores del sector público desde la
aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo, no sólo tienen un fuerte impacto en sus
retribuciones, y en consecuencia en su poder adquisitivo, sino también en
aspectos nucleares de sus condiciones individuales de trabajo y en sus derechos colectivos.
1.3.
La reforma operada por el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
castiga al colectivo que con especial intensidad está padeciendo la profunda crisis que afecta a España, los
desempleados.
En
una situación como la que está sufriendo España, en la que no dejan de crecer
las tasas de desempleo y las de riesgo de pobreza, el Gobierno no cesa en el
recorte de las prestaciones por desempleo, tanto de nivel contributivo
como asistencial.
El Real Decreto-ley 20/2012 ha disminuido el importe
de la prestación contributiva e incrementado las cotizaciones a la Seguridad Social
en dicho periodo; se ha elevado la edad de 52 a 55 años para poder acceder al subsidio previo a la jubilación,
se ha reducido su periodo de duración que sólo alcanza hasta que se tenga
derecho cualquiera de las modalidades existentes de jubilación, se disminuye la
cotización en dicho periodo con afectación al importe de las futuras pensiones;
desaparece el subsidio especial para mayores de 45 años con una duración de 6
meses; se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción
(RAI) y el de carencia de rentas para acceder a cualquiera de los subsidios y
se reduce el derecho a la prestación, o en su caso subsidio de desempleo, para
los trabajadores con contratos a tiempo parcial.
Asimismo, esta situación de recorte en las
prestaciones por desempleo, en un momento en el que es mayor la exigencia
constitucional prevista en el artículo 41 de nuestra norma suprema, de
garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad, especialmente en caso de desempleo, se agrava ante la rebaja de
la partida para las prestaciones de desempleo en el proyecto de ley de PGE
2013, que pone en serio peligro el mantenimiento del plan PREPARA más allá del
próximo mes de febrero.
Ante las
consecuencias tan profundamente negativas en el mercado de trabajo y en
particular en los derechos de los trabajadores, de las medidas anteriormente
descritas, se
requiere su sustitución por otras negociadas que respetando el necesario
equilibrio en las relaciones laborales, los derechos individuales y colectivos
de los trabajadores, conlleven el mantenimiento y la creación de empleo y la
debida protección de los desempleados.
2. El
rechazo al bloqueo en los procesos negociadores de los convenios colectivos
En enero del presente año se firmó por
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas el II AENC,
que incorpora criterios y recomendaciones a seguir por los negociadores de los
convenios colectivos en el periodo 2012-2014, entre ellos, los que afectan a la
flexibilidad interna negociada y al crecimiento
moderado de los salarios y beneficios para los años 2012, 2013 y 2014,
proponiéndose asimismo, un especial seguimiento y vigilancia de la evolución de
los precios de aquellos bienes y servicios con especial repercusión para las
personas con menor renta y haciendo un llamamiento a las Administraciones
públicas a la contención de los precios de su competencia y a extremar la
mejora de la gestión y la reducción de costes.
Las Organizaciones Sindicales no hemos
cesado en demandar el cumplimiento del II AENC y la incorporación global de sus criterios y
recomendaciones a los convenios
colectivos en proceso de negociación, procesos que se encuentran totalmente
bloqueados ante la actitud obstruccionista de las patronales y su empeño en
pretender ganar competitividad deprimiendo los costes del factor trabajo y
provocando una caída significativa el poder adquisitivo de los salarios, en una
clara transferencia de rentas del trabajo al capital, con lo que eso supone de
empobrecimiento generalizado, de caída del consumo y, en consecuencia, de
lastre para la recuperación de la actividad económica.
Es necesario que cese esta actitud
obstruccionista que está deteriorando el normal desarrollo de las relaciones
laborales. La negociación de los convenios colectivos debe desbloquearse,
asumiendo las patronales los criterios contenidos en el II AENC en su conjunto,
al constituir elementos interrelacionados que exigen su tratamiento global,
tanto en materia salarial, como en flexibilidad, empleo e inaplicación pactada
de las condiciones reguladas en los convenios.
3. El
rechazo a las políticas sociales que más allá de profundizar en el
desmantelamiento del Estado del bienestar están ya debilitando derechos
constitucionales básicos que son fundamento del contrato social y de la
convivencia democrática en España
Desde el comienzo de su mandato, el
Gobierno actual ha centrado su política de consolidación presupuestaria en los
recortes sociales y con ese objetivo ha
ido aprobando una sucesión de medidas sobre medidas, con las que está arrasando de forma vertiginosa los derechos
sociales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país. La ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012; el Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
y ahora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, son una
muestra de esta línea de actuación a la que hay que sumar las que ya han
adoptado y están por adoptar las
Comunidades Autónomas en sus respectivos presupuestos, ante la negativa del
Gobierno de conceder a las Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda
otorgado por la Unión Europea.
En materia de Educación los recortes a
la enseñanza pública han ascendido ya a casi 4.000 millones de euros y suponen
el despido de 50.000 profesores. A esto hay que sumar el fortísimo incremento de las tasas universitarias y la
creación de otras nuevas para la matriculación en la Formación Profesional.
Este atentado a la calidad de la educación, a la igualdad de oportunidades y a
la educación pública se pretende reforzar ahora con un proyecto de reforma
educativa partidista y segregadora. En efecto, el anteproyecto de Ley Orgánica
de mejora de la calidad educativa se propone introducir las leyes del mercado
en el funcionamiento del sistema escolar para favorecer los intereses privados
de determinados sectores sin aspirar a superar los problemas que tiene la
Educación en nuestro país, la falta de medios humanos y materiales, la
saturación de las aulas, el abandono escolar. Este proyecto del Gobierno diseña
un sistema educativo que omite cualquier referencia a la función de cohesión e
integración social de la educación,
especialmente importante en la educación básica, que profundizará en las
desigualdades al no compensar las carencias del alumnado más desfavorecido por
su origen social, que no busca el éxito de todo el alumnado ni promueve la
superación de las dificultades, que devalúa la Formación Profesional, que
elimina la participación de la sociedad
y de la comunidad educativa en el sistema y que demuestra un menosprecio a la labor
fundamental del profesorado al que se
vuelve nuevamente a atacar en sus condiciones de trabajo.
Las medidas en materia de Sanidad han
seguido el mismo recorrido. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, constituye un paso
más para situar al Sistema Nacional de Salud en una supuesta ineficiencia que
justifique la entrada de la iniciativa privada y promueva el doble
aseguramiento sanitario. Con esta reforma el derecho a la Sanidad ya no es
universal, sino que queda limitado a la previa condición de asegurado. Las
medidas adoptadas por el Gobierno van a impedir el acceso a la tarjeta
sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en nuestro país. La
cartera de servicios quedará dividida en tres niveles: la financiada, la que se
realizará con “repago”, es decir, con aportación del usuario, y la que será
exclusivamente de pago. Por primera vez en nuestra democracia, 8 millones de
pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la
aportación de la mayoría de los usuarios. Al mismo tiempo, bajo el pretexto de
la crisis y de la necesidad de ahorro, los sucesivos recortes, tanto desde el
Estado como desde las Comunidades Autónomas, además de empeorar las condiciones
laborales de todos los profesionales, están poniendo gravemente en peligro la
atención sanitaria y su calidad asistencial. Todo esto supone un avance sin
precedentes en la desigualdad y en la injusticia social.
El sistema de protección a las
personas en situación de Dependencia está corriendo la misma suerte antes de
haberse culminado su implantación. El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013 implica una reducción de casi 500 millones de euros respecto
del presupuesto inicial de 2012, continuando con una política cuyo principal
resultado ha sido que desde febrero hasta hoy el Sistema viene reduciendo
sistemáticamente el número de personas que tienen derecho a estar atendidas. El
proyecto marca como objetivo atender a sólo 850.000 personas en situación de
dependencia de los más de un millón que tienen actualmente reconocido el derecho.
Esta es la continuidad de una política de fuerte retroceso en los niveles de
protección a los más necesitados que quedó plasmada mediante la reforma
estructural del sistema operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio. Nuevamente se reproduce el mismo patrón regresivo en términos sociales.
Con dicha reforma se persigue el recorte drástico del ya modesto gasto social
público dedicado a los servicios sociales de dependencia, la reducción del
universo de personas protegidas y el cambio de modelo de protección para
transitar hacia la mercantilización del mismo, lo que profundizará en las
desigualdades: las personas dispondrán de una cobertura desigual en calidad y
cantidad, en función de su mayor o menor capacidad económica y se empuja
nuevamente a las mujeres, particularmente a las de menos recursos, a asumir la
responsabilidad y la carga de los cuidados.
Es urgente modificar de raíz estas
políticas y reformas que contemplan los derechos básicos de las personas como
un gasto prescindible y sustituirlas por otras que los reconozcan nuevamente
como fundamento de la convivencia democrática y que, por tanto, garanticen el
derecho de todos y de todas a acceder en condiciones de igualdad a una
educación y sanidad pública de calidad y a la atención adecuada en las
situaciones de dependencia y en los estados de necesidad por cualquier
circunstancia.
4. El rechazo a las políticas económicas y fiscales
tanto a nivel europeo como en España que lejos de dinamizar la economía
están profundizando la crisis, incrementando el desempleo y la pobreza.
Transcurridos ya casi cinco años desde
que se empezaron a percibir los primeros
síntomas de la crisis en nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias
la persistencia y gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo
financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la
quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación
inmobiliaria, el empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y
la erosión de nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las
erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste
drástico del déficit.
Estas políticas, que comenzaron a
aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y
profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular y han afectado,
como se ha descrito anteriormente, a
derechos laborales básicos y a nuestro estado del bienestar.
Además el Real Decreto-ley 20/2012,
también ha aprobado la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra
vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las
que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen
una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de
recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y
trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las
bolsas de fraude.
A finales del mes de septiembre el
Gobierno presentó el proyecto de Ley de PGE 2013, que incorpora el mayor ajuste
de la democracia, un monumental tajo a nuestras capacidades productivas y a
nuestro estado de bienestar, de consecuencias fatales, y lo hace de manera
calculadamente ambigua en temas tan sensibles como la revalorización de las
pensiones y escasamente creíble en la
medida en que plantean un escenario económico irrealizable, basado en supuestos
excesivamente optimistas, desautorizados por las previsiones de todas las
instituciones de análisis de nuestro país y de orden internacional.
Por otra parte, y lo que es más grave,
son inútiles para salir de la crisis, puesto que no recogen ni una medida para
impulsar la actividad y el empleo, y suponen drásticas reducciones en las
partidas clave para la reactivación económica a través de la inversión
productiva y en las políticas sociales básicas (sanidad, educación,
dependencia, servicios sociales). No habrá salida de la crisis si no hay
crecimiento de la actividad. Y estos PGE nada contienen para impulsarla. Son
unos Presupuestos para seguir en la crisis, no para salir de ella; para
mantener la asfixia de las familias, no para aliviarla; para que las empresas
sigan sin ver perspectivas de aumento de sus negocios, puesto que no aumentará
la demanda de sus productos.
Son unos Presupuestos que dan la
espalda a los ciudadanos, desoyendo todas sus necesidades. Eso sí, reflejan un
aumento de los intereses de la deuda de 9.700 millones de euros, que son la más
palmaria expresión del fracaso de las políticas aplicadas hasta el momento: no
sólo han podado nuestras capacidades de despegue y han empobrecido el país,
sino que no han servido para frenar los costes de nuestro endeudamiento externo
(al contrario), aquello en función de lo cual se están justificando todos los
recortes desde hace dos años y medio.
Una de las pocas partidas
presupuestarias que crecerán en términos nominales la destinada a las
pensiones, un 1%, ha sido presentada por el Gobierno como uno de sus mensajes
centrales. Sin embargo, los pensionistas perderán poder adquisitivo en 2013.
Primero, porque las subidas de impuestos (como el IVA) y de los precios de
servicios básicos (como los de la electricidad), unidas al repago sanitario,
más que absorberán ese reducido incremento del 1%. Y segundo, porque todo
apunta a que el Gobierno no va a compensar a los pensionistas de la desviación
de los precios en 2012, tal y como mandata la Ley de Seguridad Social, lo que
supone un impacto por sí solo mucho mayor (podría alcanzar los 5.000 millones
de euros) que la raquítica subida decidida para el próximo año.
En materia de desempleo, se va a
producir un recorte de gasto del -6,3% respecto de lo presupuestado para 2012,
lo que supone 1.800 millones menos, que se derivan en buena parte de las
medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 20/2012. Es el reconocimiento de que
se están recortando las prestaciones sociales, en esta fase de máximas
dificultades para los trabajadores, y en especial para los cerca de seis
millones que no pueden trabajar.
Estas erróneas políticas del Gobierno,
tributarias de las impuestas por la
troika (BCE, FMI, Comisión Europea) basadas en el recorte y el
empobrecimiento colectivo, que se están aplicando en toda Europa y contra las
que la Confederación Europea de Sindicatos ha adoptado distintas acciones de
protesta, entre ellas una Jornada de
Acción y Solidaridad Sindical unitaria para el próximo 14 de noviembre, tienen
su última muestra en el proyecto de presupuestos para el año 2013. El Gobierno
insiste en una estrategia de asfixia de nuestras capacidades de despegue y de
debilitamiento económico continuado que están generando importantes grietas en
la cohesión democrática y en la convivencia pacífica de nuestro país que
resultan muy preocupantes. En unas condiciones así solo cabe esperar que
aumente la pobreza (ya son 13 millones de españoles y españolas, un 27% de la
población, los que ya están por debajo de este umbral) y la exclusión;
fenómenos ambos que inciden muy mayoritariamente en las mujeres, los
inmigrantes, los jóvenes y ahora ya, en la infancia (en España, más de
2.200.000 niños y niñas viven en hogares considerados pobres o en situación de
pobreza severa).
Ante las
consecuencias tan profundamente negativas que las políticas económicas y
fiscales seguidas por el Gobierno, están acarreando en los derechos económicos,
sociales y laborales, es imprescindible un giro radical de las mismas,
sustituyéndolas por otra que incentive
la inversión, estimule la actividad económica y la creación de empleo, que
mejore los ingresos del Estado, a través de una lucha decidida contra el
fraude, de exigir a los bancos que paguen al menos parte de la factura de su
rescate, y a través de una reforma fiscal que apueste por la suficiencia, la
equidad y la solidaridad entre personas y territorios.
VI. GESTIONES
REALIZADAS
La
imposición de una reforma laboral tan agresiva para los derechos de los
trabajadores como la que introdujo el Real Decreto-ley 3/2012, originó un
profundo rechazo social que se evidenció en el seguimiento de la jornada de
huelga general,
que tuvo lugar el 29 de marzo de este año, y en la participación ciudadana en
las diversas manifestaciones convocadas para mostrar esa disconformidad.
Unos días más tarde, los Secretarios Generales
Confederales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores,
remitieron al Presidente del Gobierno una carta, fechada el 9 de abril, en la
que le mostraban su preocupación por el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (PGE), que acababa de aprobar el Consejo de Ministros, al entender que
su carácter tan restrictivo no contribuiría a reactivar la economía,
generándose más desempleo y el debilitamiento de los servicios sociales.
Al mismo tiempo se le reiteraba el
compromiso sindical con dicha reactivación económica, con la creación de empleo
y con el diálogo y la negociación, del que era muestra el Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC) suscrito el 25 de enero de 2012 con
las organizaciones empresariales en el que se fijan incrementos moderados de
los salarios acompañados de moderación de beneficios y control efectivo de
precios, ofreciéndole propuestas para contribuir a superar la grave situación
de crisis y para promover el consenso social y político - sin menoscabo de la
legitimidad que las urnas otorgan-, tan necesario en las actuales
circunstancias en temas como la reforma laboral y los PGE.
La respuesta del Presidente del
Gobierno se limitó a la mera comunicación de que había dado instrucciones a la
Ministra de Empleo y Seguridad Social.
Pero lo cierto es que en relación a la
reforma laboral se hizo caso omiso a los planteamientos sindicales para
solucionar los problemas de los que adolece, especialmente de
inconstitucionalidad. Ello nos llevo a presentar ante la Defensora del Pueblo
una solicitud para que promoviera recurso de inconstitucionalidad al carecer
los sindicatos de legitimación para ello. Una petición que tuvimos que repetir
con ocasión del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En
ambos casos la decisión adoptada por la Defensora del Pueblo ha sido la de no
interponer el recurso solicitado.
Por otra parte, dada la naturaleza de
las medidas introducidas en las reformas presentamos los correspondientes
escritos de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por
violación del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación
colectiva (Convenios de la OIT números 87, 98 y 154), así como por violación
del Convenio sobre la terminación del contrato de trabajo de 1982.
En el mes de julio, después de que los
Secretarios
Generales Confederales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones
Obreras hubieran mantenido una entrevista con la canciller alemana, tras la
gestión que efectuaron los sindicatos alemanes y la Confederación Europea de
Sindicatos, el Presidente del Gobierno convocó a aquellos a una reunión en la
que tras escuchar la exposición que hizo el Presidente del Gobierno sobre la
gravedad de la crisis y la delicada situación de la economía española,
aprovecharon para manifestarle, una vez más, el radical desacuerdo sindical con
los recortes sociales y laborales que sólo provocarán el agravamiento de la
situación económica, el empobrecimiento de la población asalariada y de los
pensionistas y el desmantelamiento del Estado de Bienestar y de los Servicios
Públicos, poniendo especial énfasis en las preocupantes características de las
líneas presupuestarias previstas para 2013. En este sentido le transmitieron la
falta de credibilidad de tales previsiones presupuestarias -insostenibles por
las hipótesis de evolución más sensatas y fundadas de las variables económicas
esenciales-, su inutilidad para sacarnos de la crisis -al carecer de los
elementos necesarios para impulsar el crecimiento de la actividad y en cambio
mantener la asfixia de las familias y la falta de perspectivas de negocio de
las empresas-, la ausencia de garantía de su cumplimiento – a la vista de lo
acontecido con los Presupuestos correspondientes a 2012- y la ausencia de
soluciones a las necesidades de los ciudadanos –que reclaman otras políticas
alternativas que compatibilicen el progresivo ajuste de nuestro endeudamiento
con la reactivación de la economía y del empleo sin pérdida de derechos-.
En todos los organismos en los que
contamos con participación institucional hemos denunciado las nefastas
consecuencias que van a producir los recortes en los gastos.
Hemos seguido insistiendo, ante los
distintos ámbitos y organismos, sobre la necesidad de abordar desde el diálogo
y la negociación las materias que constituyen las principales preocupaciones de
los trabajadores, además del empleo, por las dificultades que les están
generando en sus condiciones de vida (sanidad, educación, vivienda, protección
social) pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar.
A esta situación hay que sumar el
progresivo deterioro de las relaciones laborales que se evidencian en una
postura empresarial que ha determinado que en el último trimestre del año
todavía sea muy elevado el número de trabajadores cuyo convenio está pendiente
de negociar y, aún más grave, se trata de convenios en los que el retraso en la
negociación acumula tres e incluso cuatro años, a pesar de los intentos
sindicales por impulsar la negociación colectiva.
Las materias contenidas en el II AENC,
suscrito por las organizaciones empresariales y las sindicales en el mes de
enero, constituyen elementos interrelacionados que exigen su tratamiento
completo, lo que impide que se cumplan los criterios establecidos en materia
salarial y se rechacen los relativos a flexibilidad interna. Aunque debería
quedar fuera de toda duda que los Acuerdos se firman para ser cumplidos, no
hemos cesado en demandar tal cumplimiento. La última gestión efectuada en tal
sentido se concreta en la remisión de una carta, el pasado día 17 de octubre de
las organizaciones sindicales UGT y CCOO a las organizaciones empresariales
firmantes del citado II AENC solicitando la reunión urgente de la Comisión de
Seguimiento de este Acuerdo.
En definitiva, todos los intentos por
recomponer la grave e insostenible situación por la que atraviesa nuestro país
desde el diálogo, el consenso y la negociación han resultado baldíos y ello a
pesar de que el clamor de los trabajadores, y de los ciudadanos en general, se
ha hecho patente en las distintas manifestaciones y concentraciones que se
vienen produciendo desde el mes de abril y hasta el presente mes de octubre
(manifestaciones el 29 de abril, 1 de mayo, concentración “noche y día” 23 y 24
de mayo, 20 de junio, 19 de julio, concentraciones “viernes negro” 27 de julio,
3, 24 y 31 de agosto, marcha a Madrid el 15 de septiembre, manifestación 7 de
octubre) con su masiva participación.
VII. De
conformidad con lo dispuesto en el
art. 4.1 k) y 17 del V Acuerdo sobre
Solución Autónoma de Conflictos Laborales, con carácter previo a esta comunicación
formal se ha agotado el procedimiento de mediación. Para acreditar tal extremo se adjunta acta.
VIII. A los efectos
procedentes, se comunica que el Comité de Huelga durante la realización de la huelga convocada estará
compuesta por los siguientes miembros:
ANTONIO DEL CAMPO NAVARRO
D.N.I.:
05.138.385 R
MARÍA ENGRACIA CARDEÑOSA PEÑAS
D.N.I.:
01.113.769 V
RAMÓN GÓRRIZ VITALLA
DNI: 17.182.789 H
LAURA PINYOL VIDAL
D.N.I.:
46.319.875 Z
FERNANDO LEZCANO LÓPEZ
D.N.I.:
37.793.733 H
PALOMA LÓPEZ BERMEJO
D.N.I.: 00.805.900 A
PEDRO JOSE LINARES RODRÍGUEZ
D.N.I.:
02.204.345 W
CARMEN BRAVO SUESKUN
D.N.I.:
72.656.533 Q
CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ
D.N.I.: 01.111.938 A
CRISTINA BERMEJO TORO
D.N.I.:
02.911.351 B
CÉSAR LÓPEZ SÁNCHEZ
D.N.I.:
37.788.988 B
ROSANA COSTA NAVARRO
D.N.I.:
05.160.324 K
Este
Comité delega expresamente en las estructuras sindicales y en los
representantes de los trabajadores que en cada caso se designen a efectos de
negociar los servicios mínimos y otras cuestiones operativas relacionadas con
la huelga.
IX. Finalmente, ponemos en su conocimiento que el
sindicato convocante tiene su domicilio social en Madrid- 28010, calle
Fernández de la Hoz ,
12.
En
Madrid, a 31 de octubre de 2012
Fdo.
Ignacio Fernández Toxo
Secretario
General de la C.S.
de CCOO
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada